Accidentes de tránsito, un desangre para el sistema de salud y pensión
En Colombia, hace unos años, veíamos estrellas pintadas sobre las vías. Eran las 'estrellas negras', una campaña cultural con la que se mostraba que en ese sitio había muerto una persona por un accidente de tránsito. Actualmente no hay una estrategia tan diciente como la de ese entonces, pero la realidad es que hoy en día las consecuencias van más allá de lo que podemos ver, como el desangre económico en materia de salud y pensión.
En 2022 murieron 8.264 personas en siniestros, según un informe del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV, 2022). Para algunos son solo cifras, pero detrás de cada víctima quedan huérfanos, padres, parejas, hermanos, amigos. En conclusión, una tragedia familiar y un problema de salud pública.
También es necesario hablar de aquellos que quedan en situación de invalidez o pérdida de alguna capacidad física o funcional del cuerpo, por lo que deben depender de otras personas durante mucho tiempo o el resto de sus vidas.
En esos casos, para algunos, el hecho de recibir una pensión puede mitigar la calamidad, pero para otros el tema económico no suple la realidad de su nueva condición. Lo cierto es que hablar de accidentes de tránsito es hablar también de nuestro sistema de seguridad social.
Colombia, como otros lugares del mundo, lucha por hacer sostenible el Sistema General de Pensiones, pero para ello se requiere de la colocación de recursos públicos. Aquí contamos con un marco jurídico donde se parte de las bases de un Estado asistencialista.
En principio, para acceder a una pensión por vejez es necesario cotizar 1.300 semanas –lo que equivale a trabajar por 26 años- tener cumplida una edad determinada: las mujeres 57 años y los hombres 62. Si se está en un fondo privado se exige un capital ahorrado aproximado de 330 salarios mínimos lo que podrá garantizar una pensión mensual equivalente a un SMMLV.
No obstante, cuando hablamos de una pensión por invalidez o de sobreviviente, con ocasión al cumplimiento de las obligaciones laborales –es decir, por un accidente de trabajo- nuestra legislación no exige edad, ni semanas cotizadas. Ni siquiera un capital ahorrado. En este escenario, solo basta estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para dar lugar a una prestación económica, sin haber laborado ni siquiera ocho horas en el primer día de trabajo o sin haber aportado ni un solo centavo al sistema.
Reconocer pensiones tempranas, como ocurre en las situaciones descritas anteriormente, causa un impacto económico al sistema, que hace que sea inviable mantener algo así, con lo cual se da pie a dos cosas, fundamentalmente: que se produzcan reformas pensionales de manera acelerada y que cada vez sea más difícil acceder a una prestación económica.
Según un estudio realizado por Fasecolda (2018), en el año 2016 los accidentes de tránsito le costaron cerca de 2,3 billones de pesos al Sistema de Aseguramiento Social para la Accidentalidad Vial: 499 mil millones de pesos al Sistema General de Pensiones (313.484 millones de pesos por sobrevivencia y 185.393 millones de pesos por casos de invalidez) y 1,8 billones de pesos en costos para el país.
Cada uno de los actores viales tenemos la responsabilidad de prevenir los accidentes de tránsito, que tienen resultados negativos para las familias, golpean la sostenibilidad económica del sistema de pensiones y afectan el medio ambiente por las congestiones que generan.
Entre tanto, los fabricantes deberían producir, cada vez más, automotores limpios y seguros. Y, previamente a la venta, verificar y garantizar que los compradores tengan las capacidades aptas para conducir.
Por otra parte, es necesario decir que el SOAT es insuficiente. Se debería exigir un amparo para cada rodante y que asegure una indemnización para las víctimas de los accidentes de tránsito, con la que se pueda sobreponer la calamidad que enfrentan, en caso de que no se logre otorgar una pensión.
Adicionalmente, es hora de pensar en un peaje para las motocicletas que circulan en las vías nacionales, no como un mecanismo para financiar la malla vial, sino para destinar los recursos recaudados para educación vial que, a la larga, se podría traducir en mejores condiciones para todos.
Es urgente abordar este tema, no como simples cifras de accidentes y sí como un riesgo latente en la vida de las personas y en la economía nacional.