Justicia climática y pobreza no se reconcilian
Las inundaciones, tifones, terremotos e incendios se han vuelto el pan de cada día y tienen una razón: el cambio climático. Lo de hoy es una realidad anunciada desde el siglo pasado que quisimos ignorar, pero la naturaleza nos está haciendo testigos de su furia. Y aunque todos sufrimos los efectos del calentamiento global, sus consecuencias no se reparten por igual.
Mientras algunos pueden resguardarse en sus casas durante las fuertes lluvias, otros rezan para que una quebrada desbordada o un deslizamiento no se lleve lo que tanto les costó construir o, en el peor de los casos, la vida de sus seres queridos. Mientras unos ven las noticias sobre incendios que consumen cientos de hectáreas de vegetación, otros lloran la pérdida de los cultivos con los que ganan su sustento diario y el de sus familias.
El cambio climático es un asunto que debe abordarse desde la ciencia, si queremos prolongar la existencia humana en el planeta, pero también debe tratarse como un tema político y social en el que cada decisión busque equilibrar la balanza para mitigar los efectos sobre las poblaciones vulnerables, sobre todo cuando existen evidencias de que los mayores causantes de contaminación son quienes gozan de mayores privilegios.
Un estudio de la organización Oxfam International y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo reveló en 2020 que el 10 por ciento de la población mundial con mayor riqueza (aproximadamente 630 millones de personas) generó el 52 por ciento de las emisiones de carbono acumuladas, consumiendo casi un tercio (el 31 por ciento) del presupuesto global de carbono entre 1990 y 2015 (Oxfam International, 2020).
Esto está directamente relacionado con el modelo actual de producción y consumo, que cada vez acaba con los recursos naturales. No es casualidad que los principales países industrializados sean los mayores generadores de contaminantes: "China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón son los cinco primeros países emisores de CO₂ del mundo, por encima de los 1.000 billones de toneladas cada uno de ellos, y representan el 62,9 % del total de emisiones mundiales" (Mena Roa, 2022).
Es decir que, a pesar de que son los que menos responsabilidad tienen en la crisis climática que afrontamos, las personas y territorios con mayores necesidades son los que padecen las peores consecuencias y los que menos capacidades tienen para adaptarse a las nuevas realidades porque, entre otras razones, tienen una serie de necesidades de la población que deben ser cubiertas con prioridad, como lo es el empleo, el hambre y los conflictos internos –el caso de Colombia.
Y ahí es cuando entra el planteamiento de la justicia climática, que señala que el cambio climático es un tema político y ético, cuyos impactos y responsabilidades deben ser compartidos de manera equitativa y justa, protegiendo a quienes se encuentran en estado de pobreza.
Siguiendo esa lógica, los países que generan la mayor cantidad de emisiones deberían aportar recursos técnicos y económicos a los que menos contaminan para que estos últimos puedan planificar sus territorios en pro de la adaptación ante el cambio y la variabilidad climática y ejecutar políticas públicas a través de las cuales se garantice la seguridad alimentaria y se proteja a los desfavorecidos.
Ese no es un camino fácil pues, de implementarse, se debe pensar en una metodología que establezca a qué países y en qué cantidades los grandes emisores deben reparar. Al respecto, el economista estadounidense Jeffrey Sachs ha propuesto la creación de un tribunal climático.
Entre el 7 y el 18 de noviembre del 2022 se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 (COP27) en Egipto, espacio de reflexión, en el que se habló de compromisos que pocos asumirán de manera cabal y que debió convertirse en un escenario donde se trazara la hoja de ruta de acciones a corto y mediano plazo para disminuir la velocidad a la que avanza esta crisis que no da espera.