Del bolsillo de los infractores, a la bolsa de la sostenibilidad ambiental

En vez de preguntarnos: "¿Cómo nos imaginamos un 2050?" Debemos actuar de manera inmediata y asignar recursos económicos para cumplir las metas trazadas en relación con la disminución de emisiones, de hasta más de un 51 por ciento, de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Colombia. Esta cifra es mínima, frente a las consecuencias de la variabilidad y el cambio climático.

La gestión de recursos económicos, hoy en día, es una de las principales metas que tienen en las instituciones públicas, al mismo tiempo se convierte en una de las formas en las que se puede medir la gestión de los servidores.

Sin embargo, nuestras instituciones y supuestos normativos requieren ajustarse a la realidad, sobre todo cuando la pandemia cambió muchas de las posibilidades para el desarrollo de políticas que requiere Colombia. Por esta razón, propongo ideas en función del apalancamiento de dinero para una destinación específica: la protección ambiental.

Veamos un ejemplo de lo que digo: el Código Nacional de Tránsito establece, en el artículo 160, que el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito debe ir a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, combustible y seguridad vial.

Entre el 2019, 2020 y 2021 se recaudaron más de dos billones de pesos en el país por el pago de comparendos, según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Este capital, de acuerdo con lo previsto en la ley de tránsito, no podría destinarse a programas ambientales con énfasis en movilidad sostenible, como podría ser el fortalecimiento del transporte público asociado a un mecanismo efectivo de disminución de rodantes en las vías, con lo que se lograría reducir considerablemente la emisión de contaminantes que degradan la calidad del aire y –en consecuencia- la salud de las personas.

Actualmente, las fuentes móviles (automotores) representan entre un 80 y 90 por ciento de Gases de Efecto Invernadero, asociados al uso de combustibles fósiles, como indican los inventarios de grandes centros urbanos. El Consejo de Política Económica y Social (CONPES, 2018) ha señalado que estas emiten cerca del 80 por ciento del PM 2.5.

Es hora de entender que es lógico direccionar parte de los recursos económicos que provengan de una actividad que contamina para atender al medio ambiente, conociendo que los carros y las motos –en su gran mayoría- utilizan combustibles como gasolina, ACPM, entre otros, que son responsables de la generación de GEI y, en efecto, del calentamiento global.

Por otro lado, el impuesto vehicular es otra medida que va a los municipios y departamentos y se liquidan de acuerdo con el valor comercial del automotor. Pero debe evaluarse, porque esa liquidación debería ser en relación con el nivel de circulación o rodamiento del vehículo y, principalmente, con la polución que ocasiona. Es decir: a más emisiones, mayor pago.

Hoy en día se premia la posibilidad de tener medios de transporte menos eficientes: los carros y motos antiguas pueden emitir más gases que los nuevos y, sin embargo, pagan menos impuestos porque su valor comercial es inferior, lo que es un elemento determinante para la liquidación del tributo.

Tampoco es razonable que se permita que las motocicletas inferiores a 125 centímetros cúbicos estén exentas de la contribución, cuando son las que más inciden en el ciclo de conducción, causando accidentes de tránsito y, por tanto, incrementando los tiempos de los recorridos por estos eventos, lo que las convierte en una fuente de contaminación razonable.

En Colombia el año 2022 culminó con un parque automotor de 18.082.451 de vehículos registrados en el país ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT. Las motocicletas siguen siendo las grandes protagonistas, constituyen el 61 % del parque automotor nacional (RUNT, 2023).

No podemos ser un territorio llamado a fracasar en términos ambientales, si se tiene en cuenta que, en 2022 el 74 % de la venta de vehículos nuevos en el país fueron motocicletas. (RUNT, 2023).

Debemos dejar de ser primarios y de actuar lento. No es una justificación razonable decir que los cambios sociales y la tecnología van a una velocidad superior, respecto a la respuesta del Estado.

Entre todos podemos escuchar, construir y no dividir, para convertir a Colombia en un país responsable con la preservación del planeta, con cambios legislativos posibles y reales para el bienestar, no solo de nuestra nación sino del mundo entero. Lo que hacemos impacta a todos. Es hora de actuar y está en manos del Congreso lograrlo de manera inmediata.