Jardines verticales para las ciudades

Algunas personas señalan o cuestionan las acciones de las autoridades frente al otorgamiento de licencias ambientales. Cuando estas conceden aprovechamientos forestales, por ejemplo, causan un malestar legítimo en las comunidades, pues desde el Estado se tiene la obligación de cuidar la biodiversidad, pero, con ciertas decisiones, su mandato termina siendo contradictorio.

Es errado permitir la tala de árboles para dar paso a la construcción de edificios, con la posibilidad de cambiar una zona verde amigable con el medioambiente. Las presiones del deseo urbanístico o constructivo casi siempre nacen desde el sector privado, de los empresarios, y no es malo, es el rumbo normal de las cosas cuando hablamos de economía. Sin embargo, ¿cómo lograr un equilibrio entre la sostenibilidad y el desarrollo de las ciudades?

Antes que nada, es necesario entender que el aprovechamiento forestal no es una actividad prohibida, sino vigilada y regulada. Por ello, generalmente los interesados piden permiso para modificar la vocación de los suelos -ya sea por razones de utilidad pública o interés social- con argumentos basados en estudios técnicos.

A pesar de todo, vemos como cada vez se habla de territorios amigables con la naturaleza, pero una cosa es el discurso y otra la realidad. La doble moral es el pan de cada día, pero siempre podemos fortalecer la convicción de ser verdaderamente responsables con el cuidado del planeta. En ese sentido, es razonable pensar en biodiverciudades.

Hoy las autoridades ambientales colombianas actúan, principalmente, en el marco normativo de la Ley 99 de 1993 (mediante la cual se creó el Ministerio de Ambiente), el decreto 1076 del 2015 (que es la compilación de reglamentos nacionales en materia ambiental) y la Constitución Política. Resalto las constantes construcciones garantistas, a través del principio de rigor subsidiario, donde se han logrado propósitos para la protección de un ambiente sano, limpio y sostenible. Sin embargo, nuestra norma requiere mayor severidad técnica y de actualización frente a las nuevas realidades mundiales.

En el país, bajo la idea de legalidad y el derecho fundamental al debido proceso, se tiene la idea de otorgar licencias ambientales con diversos fines. Los más notables en las ciudades son los aprovechamientos forestales en los que se considera como única opción –debido a la normatividad- otorgar los permisos correspondientes, pese al malestar que genera en la ciudadanía.

Por mi parte, soy consciente de las siguientes premisas: la tala siempre debe ser la última opción, primero deberá contemplarse la posibilidad de reubicar o trasplantar, y advertir las compensaciones anticipadas aunque éstas no están previstas en la ley.

La obligación de reponer las especies reforestadas se establece como una medida para mitigar los impactos o efectos negativos generados por la ejecución de obras que impiden la permanencia de algunos -o todos- los árboles existentes en un predio.

Cuando estos se restituyen, la relación debe ser mínimo uno a uno, es decir, si se tala uno, debe sembrarse, al menos, uno nuevo. Pero también puede ser tres a uno o muchos, según sea el caso. Lo fundamental es garantizar que se conserven las condiciones previas desde el punto de vista biológico y funcional, y también que la reposición sea realizada en el sitio cercano donde se produce la afectación.

No obstante, hay que advertir que actualmente en las zonas urbanas hay una imposibilidad para cumplir con esta medida de manera efectiva porque se están agotando los espacios para la siembra de árboles, lo que da paso para que, en respuesta a esa situación, las autoridades ambientales contemplen la posibilidad de aceptar, en su lugar, jardines verticales, pues los permisos se seguirán proporcionando, debido a nuestro marco normativo actual.

Es una buena opción, si se tiene en cuenta que los muros verdes ayudan a purificar el aire, equilibran la temperatura, promueven la biodiversidad, aíslan el ruido y aumentan la sensación de bienestar de la gente, entre muchos otros beneficios.

Por otro lado, para que las obligaciones se hagan realidad, debería considerarse que los responsables de los aprovechamientos forestales asuman compromisos en relación con el cuidado de las zonas verdes de las ciudades, para que las administraciones municipales liberen presupuesto y lo puedan destinar a la compra de zonas o edificaciones que posteriormente podrían demoler para convertirlas en espacio público.

Es más que voluntad. Son ideas propositivas que llaman a actualizar el marco regulatorio, con el objetivo de construir ciudades sostenibles en las que se piensa en las personas y la protección del medio ambiente, sin ir en contravía del desarrollo económico. ¿Por qué no llenar las ciudades de jardines verticales donde las abejas puedan estar tranquilas y las aves puedan construir sus nidos?